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España, país de "PagaFantas"

Publicado por Miguel en Economía · 20/12/2010 22:05:48

La comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, en un alarde de hipocresía, no se puso de acuerdo sobre la propuesta del Gobierno de alargar la edad legal de jubilación a los 67 años, pero se permitió recomendar (por mayoría) al Gobierno que amplíe el número de años necesarios para cobrar el 100% de la pensión, dejando la puerta abierta al Ejecutivo para elevar dicha edad en el proyecto de ley que redactará a finales de enero. En ese mismo alarde de hipocresía, su recomendación excluye a los diputados y senadores, que mantendrán intactos los privilegios de que gozan sus pensiones.

Es decir, que un trabajador tiene que cotizar un mínimo de 15 años para tener derecho a una pensión de jubilación. Con los actuales 15 años, se tiene derecho a cobrar tan solo el 50% de la pensión correspondiente. A partir de ahí, se aumenta un 3% por cada anualidad hasta los 25 años de cotización, que correspondería el 80% de la prestación. Desde los 25 años hasta los 35 de cotización, el porcentaje se incrementa en un 2% cada año. Pero para cobrar el 100% de la pensión hay que tener además 65 años cumplidos. La reforma del Gobierno elevará seguramente de 15 a 20 años los años necesarios para percibir el 50% de la jubilación. Esto supondrá un ahorro de 10.000 millones para la Seguridad Social. El portavoz del PP en la comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, reconoció que la rebaja media en estas prestaciones sería de entre el 5% y el 10% hasta 2040.

Sus señorías, 350 diputados y 264 senadores, mantendrán el privilegio de cobrar el 100% de la pensión en el momento que superan los 11 años de actividad parlamentaria. Es más, si cualquier trabajador necesita cotizar a la Seguridad Social 15 años para cobrar el 50% de la pensión, sus señorías con siete años de actividad en cualquiera de las Cámaras ya tienen derecho a percibir el 80%; ese porcentaje se eleva al 90% si cotizan 10 o 11 años. Además, un trabajador no puede jubilarse antes de los 61 años y, a partir de esa fecha y hasta los 65 se le restará anualmente entre un 6% y el 8% del importe de la pensión, pero sus señorías pueden jubilarse a los 60 años con 40 de cotización, según recoge el reglamento de pensiones parlamentarias de 11 de julio de 2006.

El ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, compareció ante la prensa de forma urgente para no defraudar a los mercados, asegurando que "el Gobierno sigue pensando que elevar la edad de jubilación a los 67 años es el «planteamiento correcto»" , y que "seguirá haciendo «todos los esfuerzos» para que el proyecto de ley sobre la reforma de las pensiones reúna el máximo consenso posible en el Parlamento y con los agentes sociales".

La reestructuración de las cajas de ahorros le va salir al Estado –y el Estado somos todos- por un ojo de la cara. Con dicha reestructuración se van a llevar por delante 11.947 empleos. Todas las entidades están llegando a acuerdos con los sindicatos para hacer estos recortes por la vía de las prejubilaciones (financiadas con los impuestos de todos), las bajas incentivadas y, muy excepcionalmente, los despidos.Todo ello en un momento en el que el Gobierno intenta retrasar la edad de retiro. El prestigioso bufete Sagardoy estimaba el pasado mes de octubre que el coste medio de la marcha de un empleado de las cajas de ahorros es de 300.000 euros. Multiplicar la media de 300.000 euros de coste por el total de bajas previstas nos sitúa en un agujero de 3.600 millones que, en muchos casos, se van a pagar con dinero público, ya que 9 de las 12 nuevas entidades fusionadas han pedido ayuda al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) para hacer frente a este proceso, y el coste que tiene para el Estado las prejubilaciones es todavía mayor, ya que, en muchos casos, la Seguridad Social tiene que poner dinero en estos acuerdos, y estos trabajadores también cobran el paro durante sus dos primeros años como prejubilados.

Como explica el director del Sector Financiero de IE Business School, Manuel Romera, "como regla general, cuando se llevan a cabo prejubilaciones, la empresa financia entre el 80% y el 95% del sueldo hasta que el trabajador cumple 60 años. En ese momento, se jubila y la Seguridad Social se hace cargo".

"Por ejemplo, si pactas una prejubilación de 30.000 euros anuales, y te corresponde un paro de 20.000 euros, la Seguridad Social te paga este dinero durante los dos primeros años y la empresa sólo tiene que aportar los otros 10.000 euros", apunta Sandalio Gómez.


Para hacerse una idea de la factura que supone esta primera fase de la reestructuración de las cajas se puede decir que es equivalente al esfuerzo que pensionistas, padres y consumidores de medicamentos van a hacer para que el país pueda cumplir con los objetivos de déficit público. La congelación de las pensiones en 2011 supondrá un ahorro de 1.500 millones, la desaparición del cheque bebé liberará otros 1.250 millones y el impacto de la racionalización del gasto farmacéutico será de 1.150 millones. En total, 3.900 millones de euros.


Entidad Prejubilaciones Ayudas FROB
BancajaMadrid 3.800 4.465
LaCaixa 130 0
CAM-Cajastur 1.880 1.493
Marenostrum 1.050 915
Banco Aragonés 234 0
Banca Cívica 1.100 1.100
CatalunyaCaixa 1.300 1.250
BBK-CajaSur sin cerrar 392
Unicaja-Jaén 0 0
Novacaixagalicia 1.230 1.162
CajaDuero-España 850 525
Unim 530 380


La elevación de 65 a 67 años de la edad de jubilación debe tener una "prioridad alta" en la reforma de las pensiones en España, que además debe incorporar otras medidas para contener el gasto, según estimó este lunes la OCDE, en un informe dedicado a España. Además, debe vincular los derechos de pensión a la evolución de la esperanza de vida. El cálculo de esos derechos de pensión debe tener en cuenta, además, toda la vida laboral de los beneficiarios y no sólo una parte. Eso es lo que el ministro de Trabajo español, Valeriano Gómez, tenía prisa en comunicar durante su rueda de prensa.

Los autores del informe advierten de que "España afronta un dramático incremento" del gasto público a causa del envejecimiento de su población entre 2030 y 2060. Además, aconsejan la disminución o incluso la supresión de los subsidios específicos para los parados de mayor edad, así como aumentar el número de años necesarios para cobrar la pensión completa, que ahora es de 35. Dicen que el Gobierno tiene que "estar preparado para tomar medidas suplementarias si fuera necesario" y deben tener claramente identificados los puntos dónde se pueden producir recortes del empleo público sin que la calidad del servicio quede en entredicho.

La OCDE pone recalca que dado que la presión fiscal en España es relativamente baja respecto a otras economías europeas, al ajuste le pueden acompañar subidas de impuestos, que pueden tener menos impacto sobre la actividad, como ampliar el tipo superior del IVA a nuevos tipos de productos o tasas medioambientales.

Apuesta por "un contrato único con una indemnización (por despido) que es inicialmente baja, pero que se incrementa gradualmente con la antigüedad", pero también por no establecer restricciones a la firma de contratos temporales. De esta forma da total libertad a las empresas para, mediante la aplicación sin restricciones de los contratos temporales, impedir que las indemnizaciones por despido puedan ser elevadas. El conocido como el "Club de los países desarrollados" mantiene para España una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 0,2% este año, seguido de una subida del 0,9% en 2011 y un alza del 1,8% en 2012.

Un informe publicado este viernes por el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa señala que el salario mínimo en España, establecido en 629 euros en 2009, no se ajusta a la Carta Social Europea, por ser "manifiestamente injusto" y "muy bajo". Ya en el informe publicado hace tres años, el Comité manifestó que el salario mínimo español "se situaba claramente por debajo del umbral del 60% del salario medio", y en el informe de 2010 constata la falta de información recibida sobre los salario mínimo y medio. Este es uno de los siete incumplimientos cometidos por España, según el comité, respecto a la Carta, para ocultar la realidad actual.

Los miembros de este comité europeo también señalan que la ley española autoriza una duración del trabajo semanal superior a las 60 horas, por lo que "sería posible trabajar 12 horas al día", hecho que tampoco es conforme con lo estipulado en la Carta. Según el informe, la situación no ha cambiado desde 2007, cuando se señaló que el Estatuto de los Trabajadores permite que la duración del trabajo pueda superar las nueve horas previstas por la ley.

Además el estudio repite el incumplimiento de 2007 respecto al recurso de arbitraje del Gobierno para poner fin a una huelga, que ha sido impuesto, gracias al Real Decreto Ley de 1977, en circunstancias fuera de los límites fijados por el artículo 31 de la Carta. Ese artículo prohíbe las restricciones "salvo las establecidas por la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática para garantizar el respeto del derecho y las libertades de terceros o para proteger el orden público". España incumple también el artículo 2.3 de la Carta, relativo al derecho a las vacaciones anuales pagadas, ya que "en caso de enfermedad o accidente ocurrido durante las vacaciones, los trabajadores no tienen derecho a recuperar los días perdidos".

El Comité lamenta que la "remuneración mayor por las horas suplementarias" sólo alcance al 54,83 por ciento de los convenios colectivos, que afectan al 49,35% de los trabajadores. Las cifras son de 2007, pero no hay información sobre cambio alguno. Tampoco ha habido cambios respecto al informe de 2007 en lo que se refiere a los preavisos por cese del empleo. No se ajusta a la Carta que los contratos inferiores a un año se puedan extinguir anticipadamente sin aviso previo y los superiores al año, con 15 días de antelación.

El último incumplimiento que señala el grupo de expertos se refiere al derecho sindical, ya que "no se ha probado que los representantes de los sindicatos menos representativos tengan acceso a los lugares de trabajo".

España ratificó la Carta Social Europea en 1980 y firmó en 2000 la Carta revisada, que aún no ha ratificado, y que incluye derechos a la protección contra la exclusión social, contra el acoso sexual, y el de los representantes de los trabajadores. A diferencia de otros países como Francia, Italia o Portugal, España no ha reconocido a las ONG el derecho de presentar reclamaciones contra los estados ante el Comité.



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